Desde el Comité Local del PRC de Colindres nos vemos en la obligación moral, como partido con representación en el Ayuntamiento de Colindres, de pedir al actual equipo de gobierno, presidido por José Ángel Hierro, quien además ostenta las responsabilidades de urbanismo después del misterioso cese en funciones del todavía concejal Adolfo Cagigas, que explique a los vecinos las consecuencias de la anulación del Plan de Urbanismo por parte del Tribunal Supremo y que explique también en qué situación están las licencias que no son firmes, pudiendo ser recurridas por cualquiera en los plazos legalmente establecidos. Además y en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo plan, tenga la debida cautela a la hora de tratar los distintos expedientes urbanísticos, facilitando de esta manera no tener que lamentarnos en el futuro de acciones poco responsables y que pudieran afectar al desarrollo del municipio con muchos de los proyectos importantes sin poderse realizar.
De la misma manera, preguntamos al alcalde si es consciente de las afirmaciones hechas a la prensa regional en relación a la notificación de la sentencia (8 de marzo del 2006, según el propio alcalde), cuando en un pleno celebrado el 27 de febrero del 2006 todos los grupos políticos con representación (PSOE, PP y PRC) dejan constancia del conocimiento de la misma y donde el propio secretario reconoce que ha entregado una copia de la misma al portavoz del PRC, poniendo otra a disposición del portavoz del PP en ese mismo momento. En cuanto a este asunto de la notificación de la sentencia según el sello que aparece en la misma, es el 9 de febrero del 2006 y no el 9 de marzo, como sostiene el propio alcalde, por lo que a efectos legales se refiere, no dudando que la misma haya podido entrar en el registro municipal un mes después, careciendo esta fecha de efectos legales según los expertos consultados.
También nos sorprende que ese mismo día 27 de febrero de 2006 se aprobara definitivamente un estudio de detalle conforme al plan del 99 y pese a las advertencias del PRC a que se tuviese cautela y no se precipitaran, habida cuenta de la sentencia que anulaba el citado plan. En este sentido cabe informar a los vecinos de la existencia de un informe encargado por el propio ayuntamiento a un gabinete de expertos para valorar las consecuencias de la sentencia y donde en una de sus conclusiones advierte: EN RELACION A LAS PARTES PROCESALES, LA SENTENCIA PRODUCE EFECTOS DESDE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN A AQUELLAS (Conclusión segunda, párrafo tercero, apartado “a”, página 18 del informe elaborado por el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid D. Ángel Menéndez Rexach.) y finalizando la citada conclusión: POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA EL AYUNTAMIENTO YA NO PODRÁ OTORGAR LICENCIAS NI DICTAR CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO EN VIRTUD DEL PGOU ANULADO.
Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que el equipo de gobierno municipal presidido por José Ángel Hierro debe explicar a los vecinos de Colindres en qué situación nos encontramos después de la sentencia, de qué manera pudiera afectar a los intereses generales del municipio y sobre todo que aclare toda la incertidumbre y la desconfianza que está provocando esta situación en la opinión pública, con rumores de todo tipo que pudieran estar perjudicando la imagen de Colindres y sus gentes en particular, además de restando confianza y credibilidad en los propios políticos en general.